El Caso Hermosilla-Saer-Villalobos simplemente revive una realidad país, con una lista que incluye el Pacogate, el Milicogate, exgenerales directores de Carabineros y excomandantes en jefe del Ejército con petición de condenas por fraude al Fisco y desviación de fondos públicos, 135 municipios con indagaciones por corrupción, el Caso Convenios donde están comprometidos varios miles de millones de pesos, los cobros indebidos de las Isapres, la continuidad de colusiones de grandes empresas, y ahora sospechas sobre funcionarios del SII y la CMF. La ciudanía observando y debiendo cumplir, ella sí, las normativas so pena de recibir severas multas y sanciones e incluso ir a prisión, mientras la elite va a clases de ética, alarga procesos, evade la cárcel, logra la impunidad. Todo parece sobrepasar a un Gobierno o una entidad, y asoma como un asunto estructural, sistémico y de una cultura instalada en segmentos de la sociedad chilena.



Cuando está en curso el Caso Hermosilla-Saer-Villalobos por pago de coimas e irregularidades financieras, se informa de un desfalco de más de mil millones de pesos en la Municipalidad de Algarrobo, en días en que se ahonda en el Caso Convenios donde están comprometidos miles de millones de pesos, y a un par de semanas que se supiera de la solicitud de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, de condenas de cárcel de 24 años en contra de los exgenerales directores de Carabineros, Bruno Villalobos y Gustavo González, y por 14 años al también exjefe policial Eduardo Gordon. Todos son casos de alta corrupción donde se concretaron delitos financieros, mal uso de dineros públicos y privados, el cohecho y malas prácticas. No son episodios nuevos ni inéditos. En Chile hay una seguidilla de casos que podría no parar.

2.-Es inevitable y hasta necesario traer a colación los casos del Milicogate donde están comprometidos excomandantes en jefe del Ejército y otros oficiales en delitos de fraude al Fisco y desviación de fondos públicos; las acciones judiciales en al menos 135 municipalidades por delitos financieros y fraudes al fisco con varias/varios alcaldes condenados; la repetición de colusiones de grandes empresas que generaron afectaciones a millones de consumidores en todo el país; las irregularidades de las Isapres en cobros indebidos a usuarios; las platas de Soquimich o Corpesca circulando por bolsillos de legisladores y dirigentes políticos; el caso Penta que mostró una mayúscula operación de delito financiero y corrupción política; el enredado Caso Caval; las distintas denuncias en relación a negocios oscuros y cuestionables del expresidente Sebastián Piñera. Están en la memoria ciudadana casos como los sobresueldos en el Estado, los “pinocheques” y Banco Riggs, tráfico de armas de Famae, el MopGate, y otras situaciones donde se constata conflictos de intereses, delitos, irregularidades y malas prácticas. Episodios donde aparecieron/aparecen vinculados legisladores, altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros, dirigentes políticos, alcaldes/alcaldesas, financistas, directivos de grandes corporaciones, grandes empresarios, asesores, abogados y funcionarios públicos, en la desastrosa confirmación de una transversalidad en la corrupción y las malas prácticas.

3.-El alcance, temporalidad, espacio, impacto que tienen todos esos hechos, incluidos los de esta semana (donde se registran a lo menos tres situaciones de suma gravedad, todo un record), indica que lo que ha pasado y está pasando no tiene que ver con un Gobierno específico ni una gestión determinada en entidades privadas y públicas. Todo apunta más bien a un asunto estructural, sistémico, de funcionamiento que pareciera normalizado/asumido en distintas áreas de la sociedad chilena. Por ejemplo, los episodios de corrupción en el Ejército y Carabineros llevan décadas, al igual que los casos de delitos financieros y acciones fraudulentas protagonizados por grandes empresas, consorcios, grupos financieros, directivos y empresarios. Es grave que en esta área oscura sigan apareciendo entidades del Estado, como municipios, ministerios, subsecretarías, gobernaciones y ahora las sospechas sobre funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. ¿Será una cultura de la corrupción irradiando al país?

4.-¿Quién queda en medio de todo esto, prácticamente al descampado? Las ciudadanas y los ciudadanos “comunes y corrientes”, “de a pie”, la gente de trabajo, todas y todos que, por lo demás, deben pagar sus impuestos, cumplir las leyes y normativas, cumplir con tramitaciones engorrosas, pagar sus cuentas, no dejar de cumplirle al sistema financiero y las grandes empresas, estar al día con Impuestos Internos, so pena de recibir severas multas y sanciones e incluso ir a la cárcel sin recursos ni artilugios a la mano. Esa es la gente que ve cómo abogados “de la plaza”, excomandantes en jefe y exgenerales directores, exalcaldes, funcionarios públicos con “buenos cargos” y que prometieron una “nueva política” y se levantaron como elite moralista, empresarios de alcurnia, poderosos financistas, actuales o exlegisladores, entre muchas y muchos ligados al poder político/económico, sortean/enredan procesos judiciales e investigaciones, alargan indagaciones, quedan en la impunidad, los envían a clases de ética, eluden la prisión, no devuelven los dineros, se victimizan, tienen aliados en la prensa, y finalmente salvan con costos menores delitos mayores. En esta semana se dijo que lo acontecido con el caso Caso Hermosilla-Saer-Villalobos puede terminar cortando definitivamente las confianzas ciudadanas en las entidades privadas y públicas. La gente, por lo demás, capta esta transversalidad de la corrupción y las malas prácticas. Defensas corporativas, prudencias institucionalizadas, vocerías vacilantes y llenas de eufemismos, relativizaciones, enjambres tecnicistas, continuidad del no-resultado, no contribuyen en nada a vitalizar confianzas/esperanzas en las ciudadanas y los ciudadanos. Teniendo en cuenta que lo determinante es que terminen los casos de corrupción en los ámbitos público y privado.

5.-Desde la mirada ciudadana, junto con ver enriquecimientos ilícitos, componendas políticas, mal uso de dineros fiscales, mañas y corruptelas, tejes y manejes en vínculos de la elite (incluidos los aparecidos), se instala el tema del abuso, del maltrato, de la insensibilidad. Porque en muchos lugares donde hay corrupción, hay trabajadoras y trabajadores, funcionarias y funcionarios, donde les incumplen los derechos laborales, no les pagan los sueldos o les pagan malos salarios, los despiden, los humillan y maltratan, los amenazan y hasta les ofrecen entrar en componendas irregulares. Nada o poco de eso sale en los medios o las vocerías. Y tiene que ver con el funcionamiento de todo tipo de entidades/instituciones públicas y privadas. Y sí, supera un Gobierno, una institución, un episodio, un espacio, un tiempo. Es un asunto estructural, del sistema, de cierta cultura instalada en segmentos de la sociedad.