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Chile: El candidato Kast y la Operación Cóndor.





Por: Roberto Pizarro //Fuentes: UyPress

         



   

 
   

La impunidad, banalizada en democracia, tiene consecuencias. Entre ellas el reciclado de quienes fueron corresponsables de crímenes y delitos contra la humanidad. La indulgencia para con quienes estimularon el golpe de Estado primero, y para con torturadores y asesinos luego, está en el origen de una candidatura que se propone revivir los peores momentos de la bárbara represión que se abatió sobre el pueblo de Chile.

La propuesta del candidato presidencial de la extrema derecha recuerda mi experiencia personal con la Operación Cóndor, la que ahora intenta reeditar. La democracia, la paz y no violencia que anhelamos chilenas y chilenos se encuentra amenazada en varios ámbitos con la propuesta de Kast. Pero resulta particularmente preocupante que su política internacional, en vez de atender el mejoramiento de las relaciones vecinales, responder a las demandas por enfrentar el deterioro de los ecosistemas o favorecer la reducción del armamentismo, se concentre en la represión de personas que tienen ideologías distintas a las que el defiende.

Al leer el programa presidencial de Kast retornaron los dolorosos recuerdos personales y familiares que viví en Buenos Aires, hace precisamente 46 años atrás. En el apartado 33 de la página 27 del programa de Kast, bajo el título “Coordinación Internacional Anti-Radicales de Izquierda”, se lee: “Nos coordinaremos con otros gobiernos latinoamericanos para identificar, detener y juzgar agitadores radicalizados”. Fue esa coordinación, de los aparatos represivos de los gobiernos dictatoriales del cono sur, la que favoreció mi injusta detención, tortura y encarcelamiento en Argentina, gracias a lo que posteriormente se conoció como la Operación Cóndor.

En la mañana del 25 de noviembre de 1975, cuatro policías de Coordinación Federal derribaron a patadas la puerta de mi casa, en el barrio de Caballito. Mi esposa y yo fuimos tratados violentamente por estos repentinos visitantes que nos golpeaban, destruían la casa y se robaban el dinero y las escasas cosas de valor que teníamos. Amarrados, nos llevaron a las oficinas centrales de la Policía Argentina, donde estuvimos vendados durante diez días, a pan y agua, con golpes, torturas y amenazas persistente. A la incertidumbre por no saber qué sucedía con mi esposa, se agregaba un dolor intenso por la condición de desamparo en que habían quedado mis hijos Rodrigo y Andrés (de 5 y 7 años), quienes de vuelta de la escuela se encontrarían sin sus padres y con una casa semidestruida.

Me atreví, entonces, a preguntar a uno de los represores el motivo de la detención y nuestro futuro próximo. Me respondió que, a petición de la DINA, era buscado y que sería enviado inmediatamente a Santiago. Cuando pregunté, con sorpresa, qué tenía que ver la policía argentina con un profesional chileno que trabajaba en las oficinas del INTAL (organismo internacional dependiente del BID), se me respondió al mejor estilo porteño: “¿Sos gil o te hacés? Podemos tener diferencias con el Estado chileno, pero ninguna en el entendimiento y colaboración para aplastar a terroristas, marxistas, izquierdistas y quienes los ayudan”. Recordé, en ese momento, que aparte de mi trabajo profesional, apoyaba un programa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), para reubicar en países solidarios con el exilio chileno a estudiantes y académicos que se encontraban detenidos en campos de concentración o que habían quedado sin trabajo en Chile.

Gracias a la solidaridad internacional, y probablemente debido al hecho que dos ciudadanos británicos fueron casualmente detenidos en la misma ofensiva represiva, no fuimos devueltos a territorio chileno. Mi esposa y yo, junto con los compañeros socialistas Juan Bustos, Ernesto Benado, Catalina Palma, Sergio (Cochin) Muñoz y algunos otros exiliados fuimos encerrados en la cárcel de Villa Devoto “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional”. Esto significaba que, sin juicio por delito alguno, quedábamos detenidos bajo la voluntad discrecional del Gobierno argentino, por ser personas supuestamente peligrosas. Mi esposa y yo estuvimos detenidos durante un año sin poder vernos y sólo ocasionalmente tuvimos la oportunidad de recibir la visita de nuestros padres, que debieron instalarse en Buenos Aires para proteger a nuestros hijos que durante varias semanas fueron amenazados telefónicamente.

La visita familiar en la cárcel de Villa Devoto contemplaba una revisión anal y vaginal para los familiares de los presos, con lo que se pretendía evitar el probable ingreso al penal de alguna lectura, lo que se encontraba terminantemente prohibido. Recuerdo hoy día, con el mismo dolor de hace 46 años, el llanto incontenible de mi hijo Andrés que en dos ocasiones no pudo ver a su madre por impedimento caprichoso de los gendarmes.

El 24 de marzo de 1976 se produjo el golpe de Videla en Argentina. En días previos nos visitaban unos individuos vestidos de civil y en cada piso de Villa Devoto nos obligaban a identificarnos, nos desnudaban y nos apuntaban con subametralladoras. Los encierros habituales de 23 horas en las celdas se convirtieron en permanentes durante las dos semanas previas al golpe. La cárcel, que había sido difícil hasta antes del golpe de Videla, se convirtió en un infierno después del 24 de marzo. La relativa certidumbre de que por nuestra condición de chilenos alcanzaríamos la libertad, se transformó en miedo e inseguridad cuando varios compañeros argentinos fueron sacados de sus celdas y asesinados por la espalda en los alrededores del aeropuerto de Ezeiza o incluso cerca de Villa Devoto. Hasta el día de hoy no me puedo olvidar de Gonzalo Carranza, joven argentino de 27 años a quien conocí en una celda de castigo donde por 15 días nos golpearon y tiraron agua fría durante todas las noches. Gonzalo se había enfrentado varias veces a la policía y, según me lo dijo, se la tenían jurada. Tiempo después me enteré que lo habían sacado de la cárcel y su cuerpo había aparecido ametrallado.

En ese periodo en que la muerte nos rodeaba se hablaba abiertamente de la coordinación militar represiva entre la DINA y los militares argentinos. En tales condiciones, nuestros abogados (amenazados a diario por los “servicios de seguridad”) aceleraron trámites y apelaron a todo tipo de instancias internacionales para obtener nuestra salida de la cárcel. Una mañana de septiembre de 1976, pocos días antes del asesinato de Letelier en Washington, la Policía Federal me condujo esposado hasta el aeropuerto de Ezeiza para ser expulsado a Gran Bretaña. Al cabo de dos semanas me reencontré con mi esposa, la que poco antes de la partida debió sufrir, durante una noche de pesadilla, todo tipo de acosos sexuales de parte de funcionarios de la misma Policía Federal. Algunos días después llegarían nuestros hijos, con quienes nos reuniríamos luego de una dolorosa separación.

Mi familia y yo experimentamos en carne propia la Operación Cóndor, vale decir la coordinación policial y la actuación extraterritorial de funcionarios de la DINA en Argentina. Como se sabe, mi experiencia no fue única. En aquellos años miles de chilenos vivieron la detención, la tortura, la desaparición y la muerte en territorios chileno y argentino.

La propuesta del candidato presidencial de la extrema derecha recuerda mi experiencia personal con la Operación Cóndor, la que ahora intenta reeditar. La democracia, la paz y no violencia que anhelamos chilenas y chilenos se encuentra amenazada en varios ámbitos con la propuesta de Kast. Pero resulta particularmente preocupante que su política internacional, en vez de atender el mejoramiento de las relaciones vecinales, responder a las demandas por enfrentar el deterioro de los ecosistemas o favorecer la reducción del armamentismo, se concentre en la represión de personas que tienen ideologías distintas a las que el defiende.


 


 
 

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