Estados Unidos se formó gracias a la migración. Las pequeñas 13 colonias de la Costa Atlántica se expandieron por compra, como aconteció con Alaska, Luisiana y Florida o por conquista, como ocurrió con Hawaii, las Filipinas, Puerto Rico, y más de la mitad del inmenso territorio de México. La expansión acompañó el genocidio masivo de los pueblos originarios. En el desierto demográfico así creado se recurrió a dos políticas poblacionales drásticas: la esclavitud perpetua, y la temporal.

El ingreso de nuevos pobladores en efecto se produjo mediante el sistema de indentured servants. Para pagar su pasaje al Nuevo Mundo, debían los migrantes comprometerse como sirvientes sin salario por tres a ocho años. Este sistema era peor que la esclavitud, pues el amo debía moderar la explotación del esclavo para que su muerte no le hiciera perder lo invertido, mientras que el patrono del sirviente debía exprimirlo lo más posible antes de finalizar su servidumbre pactada. Los sirvientes podían ser vendidos, negociados y revendidos como esclavos, y buena parte de ellos debía su condición al secuestro o al engaño. Entre 1630 y 1755 el 48% de los migrantes ingresaron a América del Norte bajo este sistema, que proporcionaba la mayor parte de la fuerza de trabajo hasta que en 1864 la Enmienda 13 de la Constitución prohibió la esclavitud y la servidumbre involuntaria.

Aun así, territorios tan extensos seguían siendo vacíos demográficos. La naciente República abrió sus puertas a la migración, pero tamizada por el racismo. La Ley de Naturalización de 1790 concedió ese privilegio sólo a “gente blanca libre”. Las Leyes de inmigración de 1921 y 1924 fijaban cuotas máximas y privilegiaban a migrantes de Europa del Norte y del Oeste mientras restringían a los de Europa del Sur y del Este. Sólo en 1965 la Ley Hart Cellar eliminó nominalmente las cuotas racistas, y legalizó el ingreso de oriundos de Asia y América Latina.

La población estadounidense de personas nacidas en el extranjero alcanzó un record de 47,8 millones en 2023, un incremento de 1,6 millones con respecto al año anterior, el mayor en veinte años desde el 2000. Representan actualmente 14,3% de la población, casi el triple del 4,7% de 1970. Es la proporción más alta desde 1910, pero inferior al record de 14,8% de 1890. De ese total unos 23,4 millones, el 49% se habían nacionalizado; 11,5 millones, el 24% eran residentes legales; y 11 millones, el 23%, eran residentes “no autorizados” o ilegales. Todo Imperio que desestabiliza al mundo recibe flujos de migrantes de los países desestabilizados.

¿Desequilibran los migrantes el mercado de trabajo, le arrebatan sus puestos a los estadounidenses por nacimiento? Para 2022 la fuerza laboral de Estados Unidos era de 171,1 millones, de los cuales 146,6 habían nacido en el país, 22,2 millones eran inmigrantes legalizados, 8,3 millones no legalizados. Éstos representan apenas el 4,8% de la fuerza de trabajo (US Census Bureau Data). La sumatoria de migrantes es comparativamente modesta, y la de no legalizados, todavía menor. Todos desempeñan los trabajos más duros, desagradables y peor remunerados, que los nacidos en el país no quieren aceptar, y la condición de “no legalizados” les impone aceptar condiciones laborales todavía peores, bajo amenaza de denuncia a la policía migratoria ante el más mínimo desacuerdo o reclamo.

¿De dónde llegan hoy los migrantes a Estados Unidos? De México 10,6 millones, un 23%; de India 2,8 millones, un 6%; de China, 2,5 millones, un 5%; de Filipinas, 2,0 millones, un 4%, de El Salvador, 1,4 millones, un 3% (American Community Survey, IPUMS). El presidente de este último país, Nayib Boukele, se presta a secuestrar deportados sin fórmula de juicio por una desinteresada cuota de 20.000 dólares anuales. El gran negocio sería que le deportaran toda la emigración salvadoreña en Estados Unidos y cobrara a la potencia norteña por mantenerla encarcelada.

En Estados Unidos los migrantes ilegales viven en 6,3 millones de hogares que cobijan 22 millones de personas, el 4,8% de los 130 millones de hogares del país. En 86% de los primeros el jefe de familia o su esposa son “ilegales”, que viven con legales o nacionalizados. 4,4 millones de nacidos en el país conviven con ellos. El intento de separarlos crea dramas brutales.

Al asumir el poder, Donald Trump inició una campaña de acoso contra los migrantes materializada en Executive Orders (decretos), algunas de las cuales violaban principios constitucionales, como la nacionalidad de los nacidos en territorio estadounidense, o el permiso de deportar supuestos enemigos del país, pero sólo en situación de guerra. El resultado fue una cacería humana indiscriminada de migrantes ejecutada por caza recompensas, con la subsiguiente deportación automática, no precedida de juicio, derecho a la defensa ni condena.

La cacería prosiguió por los más diversos ámbitos. El 89% de los republicanos y el 44% de los demócratas opinó que se debería permitir los arrestos en protestas y concentraciones; 84% de los republicanos y el 44% de los demócratas apoyó que se efectuaran en los hogares; 52% de los republicanos los consideró procedentes en centros de culto religioso. Eran medidas para suscitar terror, y lo lograron: 19% de los adultos declararon preocupación porque ellos, un familiar o un amigo pudieran ser deportados; 30% confesaron extrema preocupación porque se les reclamara probar su ciudadanía o estatus migratorio, 42% de los Hispanos temen que ellos o algún allegado sea deportado.

Venezuela ni siquiera figura entre las primeros cinco mayores fuente de migrantes para la potencia del Norte. Según cifras estadounidenses quizá exageradas, apenas unos 270.000. El escándalo mediático, la ilegalidad flagrante y la inhumana humillación que acompañaron la deportación de unos dos centenares de compatriotas no tiene nada que ver con el volumen de migración de éstos, sino con la rabieta provocada por la acumulada frustración estadounidense de no poder apoderarse de nuestros hidrocarburos.

El miedo ha pasado a ser el modo de vida de la mayoría de los migrantes en la potencia norteña. Vergonzosa situación para un país en el cual la casi totalidad de la población actual llegó de afuera.