Ecología:

Este jueves, 14 de noviembre, el Parlamento Europeo celebra una votación que dañaría seriamente la lucha contra la deforestación.

Coincidiendo con la Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Bakú (Azerbaiyán) y pocos días después de terminar la Cumbre sobre Biodiversidad en Cali (Colombia), el Partido Popular Europeo (PPE) ha presentado una lista de enmiendas que buscan retrasar y debilitar el Reglamento de la UE sobre materias primas y productos libres de deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés). Una norma aprobada en 2023 por una gran mayoría en el Parlamento Europeo y por el Consejo de la UE y que pretende prohibir la importación de mercancías —soja, aceite de palma, café, cacao, caucho, carne de vacuno y madera— procedentes de bosques talados.

En caso de ser aprobadas, podrían tener amplias repercusiones sobre el problema de la deforestación —sólo entre 1990 y 2020 se arrasó una superficie mayor que la UE—. También afectaría a otras legislaciones ambientales comunitarias y, más general, a la lucha para frenar la emergencia climática y socioambiental explicitada en las tragedias climáticas de 2024, tales como las recientes inundaciones en Valencia, en Brasil —con 2 millones de afectadas y 600.000 desplazadas— y Centroeuropa; la sequía en la Amazonía; los incendios forestales en varias partes del mundo o las recientes advertencias de la ciencia de un “desastre climático irreversible”.

La votación en el Parlamento tendrá lugar el 14 de noviembre a mediodía. Los grupos políticos se reúnen este 13 de noviembre para determinar su voto.

Los pirómanos

A principios de octubre de 2024, y tras rebajar el estatus de protección del lobo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso retrasar un año la aplicación de la ley europea contra la deforestación, cuyos artículos más relevantes debían entrar en vigor el próximo 30 de diciembre. Aunque matizó que “la prórroga no cuestiona en modo alguno los objetivos ni el fondo de la ley, tal como acordaron los colegisladores de la UE”, la Alianza Cero Deforestación calificó el retraso como “irresponsable” porque supondrá la destrucción de 2.300 km2 de bosque al año.

“Por cada minuto que se retrase la aplicación de la ley, se arrasará una superficie forestal del tamaño de un campo de fútbol” y las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes equivaldrían “a las de 18 millones de coches”, según la evaluación de impacto de la propia UE, sostiene la Alianza.

Más de 240 organizaciones de más de 40 países pidieron al Consejo de la UE y el Parlamento Europeo que rechazaran el aplazamiento, argumentando que el “titubeo” de Von der Leyen “contrasta con la urgencia del secretario general de la ONU, António Guterres, que reclamó a los líderes mundiales que garantizaran un futuro habitable para las personas”.

Lamentablemente, los Estados miembros —España incluida— aprobaron este cambio rápidamente, sin enmiendas.

A pesar de haber defendido la legislación europea hace dos años, el Partido Popular Europeo, el grupo parlamentario más fuerte con diferencia, intenta ahora, mediante enmiendas, sabotearla. Si se avalan, las enmiendas vaciarían el Reglamento, básicamente destruyéndolo.

El ponente del Parlamento Europeo para negociar este reglamento fue Christophe Hansen, del Partido Popular luxemburgués y que ahora aspira a ser el nuevo comisario europeo de Agricultura, y dijo en 2023: “Conscientes de que la UE es responsable de alrededor del 10% de la deforestación mundial, no tenemos más remedio que redoblar nuestros esfuerzos para detener la deforestación mundial”.

Dos conjeturas: Von der Leyen fue incapaz de mantener a raya a su propio grupo parlamentario, ya que las enmiendas fueron presentadas por parte de Christine Schneider, eurodiputada de su partido la Unión Demócrata Cristiana (CDU), o pactó la maniobra con Manfred Weber, jefe de la bancada conservadora y el eurodiputado de la Unión Social Cristina (CSU), quien se atribuyó el paso atrás del Ejecutivo comunitario.

Las contradicciones

Bajo la apariencia de “apoyo a las empresas”, las propuestas introducirían un retraso de dos años en la aplicación de la legislación, excluirían a los comerciantes de casi todas las obligaciones e introducirían una nueva categoría de países “sin riesgo”. Con estas medidas, la ley “se convertiría en una cáscara vacía que permitiría seguir destruyendo los bosques del planeta”, según WWF.

Llama la atención que numerosas empresas se han opuesto a las propuestas. La semana pasada, el Financial Times y el Wall Street Journal se hicieron eco de la preocupación empresarial por el aplazamiento del reglamento, instando al Parlamento Europeo a “mantener el marco básico del EUDR” para evitar “poner en peligro importantes inversiones [para cumplir con la ley]”. También Reuters informó que algunos actores relevantes de la cadena de suministro de aceite de palma se han quejado de importantes pérdidas financieras debido al retraso.

Seguir el dinero

Empresas y particulares que se benefician de la venta de los productos que el Reglamento de la UE pretende regular, han hecho donaciones de más de 1,7 millones de euros desde 2018 a partidos políticos europeos que están tratando de debilitar la ley, según ha denunciado Earthsight.

La ONG británica ha analizado a los partidos ÖVP y la CDU que han presionado para retrasar y diluir el Reglamento antideforestación, y ha encontrado que la CDU ha recibido donaciones de la empresa automovilística Mercedes-Benz y de los principales accionistas de BMW, ambas vinculadas a la deforestación ilegal en sus cadenas de suministro de cuero. Por su parte, el ÖVP y organizaciones afines han recibido pagos por patrocinio y publicidad de sucursales de las cadenas de supermercados Spar, Adeg y Metro; del gigante del mueble Lutz y del Grupo Bancario Raiffeisen, todos ellos relacionados con negocios de productos con riesgo de deforestación.

De la mayoría de derechas a la DANA

Teniendo en cuenta que el grupo socialdemócrata (S&D), los Verdes, la Izquierda y buena parte de los liberes (Renew) anunciaron que votarán contras las enmiendas de los populares, sólo se aprobarán si el PPE y los grupos políticos de extrema derecha —Patriotas de Europa (grupo que reúne Fidesz de Orban, Agrupación Nacional de Le Pen o la Lega italiana de Salvini), ECR (integrado por los Hermanos de Italia de Meloni o el PiS polaco) y Europa de Naciones Soberanas (liderado por AfD de Alemania)—voten juntos. Si se consuma, confirmaría que el “cordón sanitario” contra la ultraderecha era otra falacia del “gran pacto histórico de los partidos centristas” para eligir a Von der Leyen para un segundo mandato. De hecho, desde el arranque de la nueva legislatura ya se aprobaron varias iniciativas parlamentarias con esta nueva mayoría reaccionaria.

Si el PPE consigue su objetivo, la UE pondría una vez más los intereses de algunas grandes empresas —en este caso de los sectores agroforestales— por delante de los problemas de la población lo que fomenta la desconfianza, la ira y la sensación de impotencia. Un terreno fértil para la conspiración y la manipulación de la extrema derecha.

Encima, el lavado verde del capitalismo en forma del “Pacto Verde Europeo” ha agravado la desigualdades sociales porque los gobiernos han trasladan buena parte de los costes de la transición ecológica a las personas trabajadoras y pobres mientras los ricos se han hecho aun más ricos.

Justamente, estos ingredientes han aumentado el negacionismo del cambio climático de partidos políticos a los que se ha criticado —como ocurrió en la reciente manifestación de Valencia bajo el lema “Mazon dimisión”— por haber ignorado la ciencia así como no tomado las medidas necesarias de adaptación y prevención de riesgos en una situación de emergencia climática y crecientes fenómenos meteorológicos extremos.

El inicio de una arremetida más grande

Si prosperan las enmiendas de los conservadores, que abrirán el camino a la continua destrucción de bosques dentro y fuera de la UE, es muy probable que se deshaga o debilite también otras legislaciones de la UE, como la Directiva Habitat, el Reglamento sobre la restauración de la naturaleza (2024/1991) o la prohibición de vender vehículos con motores de combustión a partir de 2035 que el PPE ha propuesto a “revisar”.

El ataque contra la ley anti-deforestación forma parte de una estrategia del Partido Popular Europeo contra las legislaciones ambientales, basada en asustar a la opinión pública con falsas afirmaciones sobre los costes de las medidas medioambientales y sanitarias. Esto se evidenció en una carta a la Comisión Europea tras el estallido de la guerra en Ucrania en 2022; en varias votaciones durante la anterior legislatura de la eurocámara, tales como el rechazo a la reducción de plaguicidas y la rebajada de las condiciones medioambientales de la Política Agraria Común (PAC); así como el “Plan de 5 puntos” sobre prioridades para la próxima Comisión Europea.

De hecho, Von der Leyen ya ha puesto en marcha una máquina desreguladora, expuesta en sus prioridades políticas hasta 2029 y las Cartas de Misión que envió a las y los candidatos designados para formar la nueva Comisión Europea y que fueron escrutados por el Parlamento Europeo en los últimos días. Estas cartas contienen más de 15 herramientas diferentes para la desregulación sistémica y el recorte de normas de la UE.

Muy inspirada por las posturas empresariales —desde la patronal BusinessEurope, el lobby químico CEFIC hasta la Mesa Redonda Europea de los Industriales (ERT)— y respaldada por los informes de alto nivel de Letta y Draghi—, von der Leyen plantea crear obstáculos a la aprobación de nuevas legislaciones así como reducir drásticamente la aplicación y supervisión de leyes ya en vigor.

Entre otras, todos los comisarios deben reducir en un 25% las obligaciones de información de todas las empresas (un 35% en el caso de pyme) y comprobar cómo las propuestas de nuevas leyes pueden afectar a las “pyme” y a la “competitividad”. Otra de sus “misiones” es realizar la “prueba de resistencia del acervo”: es decir, la revisión de toda la legislación vigente de la UE para simplificarla y reducir las cargas que pesan sobre la industria.

En un contexto político en el que la competitividad empresarial es la principal prioridad de la UE y con una aplastante mayoría de derechas en el Colegio de Comisarios, la vicepresidenta ejecutiva designada para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, participará de lleno en las rebajadas de las normas sociales y ambientales.

La confederación sindical europea CES denunció estos planes: “Los derechos de los trabajadores y la negociación colectiva deben protegerse y reforzarse, no ser objeto de ataques desreguladores. En particular, damos la voz de alarma sobre la ‘reducción de la carga administrativa’ que conduce a la desregulación o a la incapacidad de controlar e inspeccionar su cumplimiento”.

En contraste a esta desesperación, una encuesta realizada en siete países de la UE y publicada la semana pasado revela que para el 91% de los encuestados en España la deforestación es la tercera preocupación ambiental y el 84% de todos los encuestados europeos desea una rápida aplicación del Reglamento para combatir la deforestación. El sentido común está allí. Lo que falta es una política que intervenga a los poderes económicos y financieros y los haga pagar la crisis.