"La secretaria general del Partido Comunista respaldó la decisión de los parlamentarios de su colectividad de abstenerse del acuerdo suscrito en la Cámara de Diputados con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, durante la discusión del presupuesto 2025, porque -según explicó en entrevista con el programa “Lo que Hay Tras Cada Noticia” de Radio Nuevo Mundo- significa “seguir permitiéndole a la derecha que consolide su estrategia de propinarle derrotas al Gobierno que terminan afectando a las familias trabajadoras e hipotecando sus condiciones de vida”. Respecto de la elección en segunda vuelta de gobernadores regionales, Figueroa señaló que la tarea fundamental del Partido en estos días es apoyar al candidato a gobernador por Coquimbo, Javier Vega (PC), y reforzar que la ciudadanía vote con todos los elementos que le permitan ver cuál es la mejor opción, más que con el debate instalado la derecha de que esta elección es un plebiscito al Gobierno.

¿Cómo ve está elección en segunda vuelta de gobernadores regionales?

Es una elección compleja, porque el tiempo de campaña es breve, partió hace poco y dura prácticamente diez días. Éste es el último fin de semana de campaña porque la elección de gobernadores regionales en segunda vuelta es el domingo 24 de noviembre y ese día vamos a tener que ir nuevamente a las urnas en gran parte del territorio nacional. De manera que en un tiempo corto la campaña tiene que mantener el espíritu electoral del 26 y 27 de octubre, para que la gente se incentive y participe en esta votación.

En la Región Metropolitana este proceso eleccionario tiene la particularidad de haberse transformado para los sectores de derecha y su candidato -no para el electorado ni tampoco para quienes apoyamos a Claudio Orrego- en la batalla de todas las batallas. Lo han transformado en un juicio al Gobierno, en que dependiendo de cómo se resuelvan esta elección, será la señal que se le dará.

Es un poco lo mismo que escuchamos en los comicios municipales, de consejeros (CORES) y gobernadores regionales del 26 y 27 de octubre. La derecha decía en ese minuto “vamos a enfrentar una elección que le va a dar una gran señal al Gobierno”, siempre con esa lógica de polarizar y de transformar cualquier evento electoral en un plebiscito al Ejecutivo. Y en esa oportunidad no les fue bien porque ellos pensaban tener una política de arrase y lo que tuvimos en la práctica fue casi un empate. Nadie podría sentirse plenamente satisfecho con sus resultados, pero ninguna fuerza puede decir hoy en día “nosotros somos el actor mayoritario o tenemos el control total del mundo electoral”.

La derecha está tratando de desviar lo importante, que es que la gente sepa por qué es relevante ir a votar en esta elección y qué es a lo que aspiramos. Ese es la discusión de fondo, el debate de ideas y de programas, al que la derecha no ha querido entrar. Y por eso es clave en estas horas que quedan que todos los sectores políticos sigamos reforzando ese mensaje, de que la ciudadanía vote el 24 de noviembre con todos los elementos que le permitan ver cuál es la mejor opción, más que con el debate que ha tratado de instalar la derecha de que esta elección es un plebiscito al Gobierno.

La gran tarea de los gobiernos regionales es apalancar, acompañar, hacer alianzas y generar proyectos para que las comunas que son parte de las regiones vean que las iniciativas que satisfacen sus demandas y necesidades pueden avanzar y concretarse con mayor celeridad, entre ellas políticas de prevención, con más patrullaje y mejor equipo de seguridad para las comunas, más luminarias y pavimentaciones, recuperación de zonas y mantención de espacios limpios.

Todo esto que es bien concreto es lo que nos estamos jugando en este balotaje y como Partido lo hacemos con una tarea y compromiso de primer orden, que es apoyar la candidatura a gobernador regional de nuestro compañero Javier Vega en la Cuarta Región de Coquimbo, para que así, además de mantener un gobierno regional en manos del oficialismo, podamos tener un gobierno regional al alcance de las necesidades y prioridades de la ciudadanía, sobre todo en esa Región, donde ha habido tanta denuncia y abusos, como ocurrió con el caso “Papaya Gate” y con la gobernadora Krist Naranjo, que salió de sus funciones por hechos de corrupción.

Respecto de la elección en la Región Metropolitana, no podemos dejar de decir cuánta experiencia tiene el actual gobernador metropolitano (Claudio Orrego) y candidato a esta segunda vuelta, quien fue intendente y alcalde de la comuna de Peñalolén. Por qué tenemos que inhibirnos de decir eso. Eso no es descalificar al adversario, sino que es poner un dato de realidad. Acá hay una persona probada.

En cambio, en esta segunda vuela estamos frente a un candidato de la derecha (Francisco Orrego), del sector que lo único que está haciendo hoy es obstruir y obstaculizar los proyectos de ley y reformas del Gobierno que van en beneficio de la gente, para que ésta se moleste, tenga rabia y le vaya mal al Gobierno. A la derecha le importa un comino si eso va a ser bueno o malo para las personas, porque no le interesa sus problemas, su único objetivo es generar algún rédito electoral para ganar la próxima elección presidencial.

También a la derecha le gusta decir que en esta segunda vuelta a la candidatura de Claudio Orrego como que se le ha pegado un virus o tiña porque es apoyado por tal partido, pero eso es una cosa absolutamente desproporcionada y, además, fantasiosa, porque el Partido Comunista apoyó en primera vuelta a Claudio Orrego, porque como partido no teníamos un candidato. Tuvimos el debate de si llevábamos o no en la Región Metropolitana un candidato a gobernador y finalmente optamos por apoyar al candidato que fue de consenso del pacto, que es Claudio Orrego. Con ese nivel de irresponsabilidad y con ese tipo de derecha estamos tratando.

¿Cómo se ve desde el Partido Comunista la presión y obstruccionismo ejercido por la derecha en la actual discusión presupuestaria y que derivó en un acuerdo con el Gobierno para rebajar en 600 millones de dólares el presupuesto nacional para el 2025?

Respaldamos plenamente lo que han señalado nuestros parlamentarios al abstenerse del acuerdo suscrito en la Cámara de Diputados con el ministro de Hacienda, Mario Marcel porque no estamos disponibles a cualquier cosa con tal de avanzar ni seguir permitiéndoles a la derecha que consolide su estrategia de propinarle derrotas al Gobierno, porque eso termina afectando a las familias trabajadoras e hipoteca sus condiciones de vida.

Esa la derecha con la que estamos enfrentados hoy. Está muy envalentonada probablemente con resultados electorales de otros países y con que tiene una estrategia para crear un escenario que le permita lograr su objetivo de ser gobierno, pero donde el costo no lo paga sólo una autoridad en términos de aprobación o desaprobación, sino que lo termina pagando la gente.

Y nosotros no podemos seguir inhibiéndonos. Evidentemente entendemos que no contamos con mayoría en el Parlamento y el Ejecutivo está haciendo todos los esfuerzos para tratar de avanzar en sus reformas, aún con todos los obstáculos que coloca la derecha. Eso es un dato de realidad.

En ese contexto debemos ser muy cuidadosos y ese es en el fondo nuestra preocupación, porque no es que tengamos un rechazo per se a establecer acuerdos, pero debemos tener ojo, porque hay sectores que han pasado a la ofensiva con su lógica obstruccionista, que se consolida en el presupuesto 2025 y mañana no sólo vamos a tener que dar explicaciones de por qué no se pudo avanzar más o no se pudo garantizar más recursos para hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía y que apuntan a la resolución, por ejemplo, de la crisis que vive el sistema de salud con las listas de espera, los desafíos que hay en educación en cuanto a infraestructura y al fin del CAE (Crédito con Aval del Estado), el plan de vivienda que se necesita y al avance de los proyectos de ley de seguridad.

Si bien en este escenario obstruccionista tenemos que sacar adelante el presupuesto, eso tiene que ser a mucha conciencia y con una primera prioridad, que es hacernos cargo de que la gente lo está pasando mal, por el estrés económico y altos niveles de endeudamiento del 60 por ciento las familias chilenas, que con sus ingresos no llegan a fin de mes. Eso no podemos soslayarlo y tenemos que poner los recursos donde corresponde, tener un debate público donde podamos poner voz de denuncia frente a estos hechos.

Tenemos que sacar normas y sacar el presupuesto, pero no puede ser a cualquier costo, tiene que ser poniendo la prioridad en la gente.

Algunos podrán decir que la reducción de recursos para el 2025 en 600 millones de dólares no es mucho dentro del volumen que contempla un presupuesto, pero son recursos que podrían impactar directamente a la ciudadanía. Y, en ese sentido, me pregunto, si esos recursos se reducen, los 600 millones de dólares, ¿qué hacemos con esa plata que estaba proyectada? “No, es que ya no existe” dirán algunos, pero podemos proponer que se usen en una agenda corta y medidas inmediatas y urgentes para las necesidades de la gente, para hacernos cargo del aumento de la inflación, del IPC, de extender el bolsillo familiar electrónico y hacer políticas que permitan que las personas tengan certeza que nos estamos haciendo cargo de sus necesidades.

Esa agenda corta y de medidas inmediatas es silenciosa porque no está en la primera prioridad de una encuesta, pero si en el día a día de las y los chilenos. Respecto del aumento del precio del transporte público uno puedo decir que no es tanto, pero sí impacta el bolsillo de la gente y con el rechazo que hubo en la discusión presupuestaria a la partida para el subsidio al transporte público, la gente podría terminar pagando 2.400 pesos de pasaje. Por eso ¿cómo es posible que haya sectores en nuestro país que dicen querer gobernar Chile y llevar bienestar a la gente, y están disponibles para que la ciudadanía se moleste con el Gobierno por haber terminado pagando 2.400 pesos de transporte público?

Llama la atención que durante la discusión presupuestaria el comandante en Jefe del Ejército, general Javier Iturriaga, señalara que faltan recursos para pagarle a los soldados profesionales y ventilara datos sobre número de tropas sin pedir permiso, ya que esa información no se expresa públicamente porque se relaciona con datos de inteligencia nacional. ¿Por qué el general Iturriaga se prestó para esto en una situación tan compleja?

Para la tradición de nuestro país esto es bastante llamativo o novedoso, porque en general las Fuerzas Armadas, excepto en la dictadura civil militar de Augusto Pinochet, ese tipo de información corresponde a materias reservadas. Por lo tanto, es arriesgada la apuesta que hace el comandante en Jefe del Ejército, porque está en el fino límite de lo que pudiera decir de acuerdo al rol que le toca cumplir. También uno puede cuestionarse si corresponde o no este tipo de comentarios, si son o no prudentes, dado que hace una opinión que al parecer no es compartida por su superiora, que es la ministra de Defensa.

Uno puede señalar que es importante que todos los actores participen en el debate de las partidas del presupuesto, pero creo que hay un límite y cuándo se es un subordinado a la institucionalidad del Estado, lo mejor es guardar silencio, no actuar con este desplante innecesario.

Ahora, tenemos un comandante en Jefe del Ejército que de alguna manera ha tenido este sello, señalando en su minuto “yo no estoy en guerra con nadie”, marcando un punto de distancia en ese momento con el expresidente Sebastián Piñera, en el marco del estallido social. Pero uno debiera esperar que ésta no va a ser la tónica permanente de las autoridades castrenses. Además, lo que mencionó el comandante respecto del presupuesto 2025 implica asuntos de seguridad nacional.

¿Cómo se puede analizar que en los medios de comunicación no se le dé importancia a la discusión presupuestaria para seguridad pública, siendo que están todo el día informando de hechos delictuales?

Hay temas que son de alto impacto público en el ámbito de la seguridad, como los turbazos, las encerronas y los asaltos, que están permanentemente en la palestra y en espacios como los matinales. Sin embargo, cuando hay iniciativas destinadas a reforzar, por ejemplo, el rol de Carabineros para que puedan actuar con mayor celeridad, dando una atención más oportuna o permitiendo también prevenir los delitos, hay poca cobertura.

Uno no puede pretender que los medios de comunicación se inhiban de informar hechos de violencia, pero debe haber un equilibrio a la hora de dar cuenta de las acciones que están haciendo desde el Ejecutivo para reforzar no sólo el rol de la institucionalidad, en este caso de Carabineros, sino que también para combatir el delito desde los ámbitos de la prevención, la protección y de las garantías de seguridad, enfrentando también el nuevo mundo de la delincuencia que hemos visto en los últimos años, relacionado al crimen organizado.

Todas las acciones que hace el gobierno en materia de seguridad involucran recursos y los que ya se ha entregado para ello han sido cuantiosos. El propio exgeneral Director de Carabineros dio cuenta de que éste era uno de los gobiernos que más había invertido para disminuir el déficit que tenía Carabineros, por ejemplo en vehículos.

Sería muy relevante que con el mismo énfasis que se informan los casos delictuales en los medios de comunicación, se informará lo que se está haciendo para enfrentarlos y disminuirlos. No estamos negando el fenómeno que está viviendo nuestro país, ni estamos pretendiendo que se construya un relato a la medida, pero es importante que se informe tanto la criminalidad como las acciones remediales, porque si no se produce un quiebre.

¿Cuál es su impresión del dictamen de la nueva contralora General de la República, Dorothy Pérez, quien en menos de una semana en el cargo dejó sin efecto el principio de Confianza Legítima que aplicó su antecesor, Jorge Bermúdez, y que permitía a un funcionario público a contrata continuar en su puesto si su contrato ya había sido renovado por más de dos años? La actual contralora estableció también que los trabajadores del Estado a contrata deben recurrir a los tribunales para alegar en el caso de despidos y no a la Contraloría.

Acá lo que se está discutiendo es un criterio respecto de lo que había planteado el contralor anterior, Jorge Bermúdez. Hay un cambio de interpretación del estatuto administrativo, no es que haya una modificación de la norma o del estatuto, lo que hay es una interpretación y por eso es tan complejo y relevante lo que ha ocurrido.

¿Qué ocurre con los trabajadores del Estado cuando hay renovación de contratos? Se aplica el criterio de Confianza Legítima, porque ya da cuenta de que la persona no está ahí por ser amiga de, o porque llegó en el gobierno de no sé quien o porque llegó con tal jefe, sino porque esa persona está cumpliendo una labor de Estado que trasciende la labor de un gobierno en particular.

Por lo tanto, eso es protección del empleo público, dejando de entender que un funcionario público es ad-hoc a una administración, sino que es un funcionario que da continuidad a labores y políticas de Estado, que es el principal criterio que ha demandado históricamente el mundo sindical y las y los trabajadores organizados.

Con este cambio de interpretación sobre la Confianza Legítima no sólo se deja a gente sin trabajo, sino que se está terminando una política estatal, afectando también al rol activo del Estado para poder estar al servicio de las necesidades de la gente.

Ahora, la nueva contralora no solamente nos está diciendo que la Contraloría no se va a hacer cargo de esto, sino que está renunciando a una labor que le es determinada por norma. Ella no sólo tiene la atribución, sino que tiene el deber de ser un ente no sólo fiscalizador sino también de protección de los derechos de los trabajadores y del abuso laboral en el Estado.

A mi no me cabe ninguna duda que todo el apoyo de la derecha hacia esta iniciativa lo hace pensando en la posibilidad de que, eventualmente siendo gobierno en la próxima administración, ellos van a poder hacer modificaciones a diestra y siniestra. Creo que es una medida extremadamente cortoplacista y no están entendiendo la gravedad de lo que aquí se está discutiendo. A ellos no les importa el rol del Estado, porque su preocupación no son las necesidades de la gente, sino que administrar el poder.

El Estado tiene rostro de trabajadores y funcionarios públicos, y con ellos llega donde otros nunca lo hacen, porque al privado no le conviene y no le genera lucro. De manera que hemos respaldado plenamente las acciones de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y esperamos que haya una revisión de este dictamen, porque es un cambio de criterio, por lo tanto es posible que se revise.